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Derechos sexuales y reproductivos en Honduras: La política del espejismo (Parte 2)

Por Gustavo García Andrade, Asesor Jurídico Voluntario de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) para el proyecto "Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras". El proyecto se está llevando a cabo con el apoyo del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá.


Las historias detrás de las caravanas de migrantes


Los casos de Sara y Mónica reflejan la situación de los derechos de las mujeres y de la sociedad hondureña, historias que se entrecruzan y les dan un rostro a estas historias. Durante meses, las caravanas de migrantes hondureños han estado abandonando el país, huyendo de la violencia, la pobreza y la exclusión. En los últimos siete meses, más de 133,258 personas hondureñas fueron detenidas, por la patrulla fronteriza en Estados Unidos[1]. Muchas de ellas habían emigrado en caravanas en los últimos meses. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2017, Honduras tenía más de 174.000 desplazados internos, mientras que las solicitudes de asilo político por mujeres hondureñas registradas habían aumentado de 1.400 en 2008 a 34.900 en 2017, lo que representa un aumento de 25 veces en una década[2]. Numerosas solicitudes de asilo presentados por mujeres hondureñas son la consecuencia de la violencia de genero y la falta de garantía del Estado para protegerse de ello.

 

Festival Derecho a Decidir #ELLA - Tegucigalpa - © Lia Nicole Galo Salgado

 

Este fenómeno migratorio, que no es nuevo, sigue subestimado y, sobre todo, oculta grandes desafíos. La tasa de pobreza en Honduras se ha estancado en torno al 60% desde 2006. Es decir, el 60% de la población tiene un ingreso que no le permite satisfacer sus necesidades en términos de alimentos, bienes y servicios[3]. Las tasas de violencia, aunque han disminuido en los últimos años, siguen siendo alarmantes, ya que Honduras, para 2017, tenía la cuarta tasa de homicidio más alta del mundo[4]. La situación de Sara tiene sus raíces en este contexto. La madre de Sara emigró hace más de 15 años, abandonando a sus dos hijos (Sara, de 4 años, y su hermano, de 4 meses), a quienes consideraba una carga. Sara se quedó con su abuela, pero tuvo que enfrentarse a responsabilidades adultas muy pronto, haciéndose responsable de su hermano pequeño y con la obligación de moldear su futuro en este contexto. A los 20 años, Sara queda embarazada. A pesar de su deseo de mantener al niño al principio, las amenazas y la violencia de su madre, que estaba de visita en el país, la llevaron a abortar. Se verá obligada a hacerlo ilegalmente y sin ninguna información o apoyo relacionado con su salud sexual y reproductiva. La abuela de Sara la encontrará en el baño con mucho dolor y la llevará al hospital en urgencia. Unas horas después de que el aborto se realizara en el hospital, fue arrestada por la policía en su cama de hospital.

Los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, una cuestión de salud pública:

Para las organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM)[5], las políticas estatales sobre salud sexual y reproductiva siguen siendo un espejismo. En 2017, más de 21.150 niñas de 10 a 18 años embarazadas, incluyendo 819 casos de niñas de 10 a 14 años las cuales se vieron obligadas a ser madres. Una de las demandas de esta organización durante 20 años ha sido hacer obligatoria la educación sexual integral en todos los niveles educativos del país.

 Sin embargo, la oposición de los grupos religiosos a este tipo de política se suma a los esfuerzos del Estado, que siguen siendo insuficientes para frenar este problema. La píldora anticonceptiva de emergencia está prohibida desde 2009 e incluso cualquier referencia o información sobre la misma está prohibida. La penalización y criminalización del aborto en todas las circunstancias significa que el aborto es la segunda causa más común de registro de las mujeres en los hospitales[6] y los abortos representan el 12% de la mortalidad materna en Honduras[7]. Sin embargo, estos casos podrían prevenirse. El caso de Mónica refleja cómo los derechos sexuales y reproductivos en Honduras son sólo una ilusión, dejando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad muy graves. Estas condiciones de vulnerabilidad y discriminación se yuxtaponen a las condiciones sociales, económicas y étnicas, como la pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes. Por lo tanto, las mujeres cuando se trata de sus derechos sexuales y reproductivos se encuentran confrontadas a la precariedad, la clandestinidad y la represión.

En el caso de Mónica a pesar de varias visitas a centros de salud por dolor abdominal, nadie le hizo una prueba de embarazo. Nadie le dio ningún consejo en términos de salud sexual o reproductiva. Se enterará en el hospital de que estaba embarazada, casi al mismo tiempo que se entera de que está siendo procesada. A pesar de su joven edad y de todo lo que ha experimentado, dice que, si hubiera sabido que estaba embarazada, habría querido quedarse con el niño. Esta situación que enfrentan las mujeres hondureñas es un tema de salud pública para el CDM: Ninguna mujer pobre en Honduras tiene la oportunidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad de manera autónoma e informada; las niñas y mujeres jóvenes continúan quedando embarazadas como resultado de violaciones sexuales y todas aquellas que abortan lo hacen clandestinamente, arriesgando sus vidas[8].

Recomendaciones recurrentes en la materia:

Este no es un tema nuevo. Los órganos responsables de la aplicación de los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Honduras han recomendado reiteradamente reformas legislativas para respetar los derechos de las mujeres.

El Comité para la eliminación de todas las discriminaciones hacia las mujeres (CEDAW) le ha recomendado al Estado hondureño en el 2016 : “evaluar el impacto sobre la salud física y mental de las mujeres y niñas de la incriminación total del aborto y de la prohibición de la contracepción de emergencia, además de la distribución gratuita o no y de la comercialización de la contracepción de emergencia, particularmente sobre mujeres y niñas víctimas de abuso sexual, en vista a ponerle fin a la prohibición y discriminación.

En cuanto al Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó en 2017 que el Estado modificara urgentemente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y garantizar que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que puedan poner en peligro sus vidas o comprometer su salud. A este respecto, el Estado parte debería garantizar el acceso al aborto legal y seguro, en particular cuando el embarazo sea peligroso para la vida o la salud de la madre, cuando sea resultado de violación o incesto o cuando no sea viable debido a una anomalía fetal, y considerar la posibilidad de despenalizar el aborto. El Estado parte también debería levantar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia. También debe establecer y mantener estadísticas precisas sobre los efectos de las restricciones al aborto y al uso de anticonceptivos de emergencia en la vida y la salud de las mujeres y las niñas, e incrementar los programas para garantizar el pleno acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y la educación a fin de sensibilizar a los hombres y las mujeres, así como a los niños y las niñas, en todo el país[9].

[Leer la primera parte]

 


[1] https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5820-en-los-ultimos-siete-meses-casi-medio-millon-de-migrantes-han-sido-detenidos-en-estados-unidos

[2] Tendances globales, HCR, https://www.unhcr.org/globaltrends2017

[3] Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, Instituto Nacional de Estadística, https://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=87

[4]  “Citizens Security in Latin America: Facts and Figures”. Igarapé Institute. 2018. https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/ Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf

[5] Centro de Derechos de las Mujeres, El Centro es una nueva organización socia de Abogados Sin Fronteras en el marco del proyecto Justicia, gobernanza y lucha contra la impunidad en Honduras.

[6] Violence sexuelle au Honduras : l’impact des politiques de négation de droits des femmes, Centre des Droits des Femmes (CDM), Novembre 2018, http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2018/11/Boleti%C4%9Bn-violencia-sexual-WEB.pdf

[7] [7] http://www.endingeclampsia.org/wp-content/uploads/2018/08/Honduras-Template-Spanish-V1.pdf

[8] Audience public, Situation des droits sexuels et reproductifs au Honduras, 14 février 2019, https://www.youtube.com/watch?v=A9NLjmRUgvI

[9] Comité des droits humains de l’ONU, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Honduras. 22 août 2017, CCPR/C/HND/CO/2

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