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Derechos sexuales y reproductivos en Honduras: La política del espejismo (Parte 1)

Por Gustavo García Andrade, Asesor Jurídico Voluntario de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) para el proyecto "Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras". El proyecto se está llevando a cabo con el apoyo del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá.


En Honduras, la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se enfrenta a muchos obstáculos de orden legal, económico y social. El 5 de octubre de 2018 se llevó a cabo el juicio de Sara, una joven hondureña que fue procesada por el delito de aborto. Mi colega Liza Yelle asistió a las audiencias en la ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras. En dos artículos, ella analizó algunos de los problemas a los cuales las mujeres y las niñas en Honduras se enfrentan diariamente, a través del recorrido y las dificultades que Sara tuvo que soportar durante su juventud y adultez temprana. En estos artículos, disponibles aquí y aquí (en francés), analizó los temas relacionados con la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo.

En octubre, el proceso penal contra Sara fue suspendido por una decisión del Tribunal, el cual determinó que su estado psicológico justificaba que había actuado bajo presión e influencia de un miedo insuperable. Sin embargo, en febrero de 2019, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, que pidió que se reanudara el proceso contra Sara.

Lejos de ser un caso aislado, el caso de Sara refleja la realidad de miles de mujeres hondureñas. A principios de mayo de este año, se publicó un nuevo Código Penal en Honduras. Este último mantiene la penalización del aborto[1] en un país donde la casi inexistencia de programas estatales de planificación familiar y el contexto de extrema pobreza, violencia  y machismo ponen a las mujeres en una situación muy vulnerable. En una sociedad fundamentalmente patriarcal, enfrentan actos de violencia diferenciados con relación a los hombres y que las apuntan directamente. La pobreza y la violencia han sido noticia en los medios de comunicación internacionales en los últimos meses con el fenómeno de la migración masiva y el exilio, materializado por la organización de caravanas de migrantes que se desplazan hacia el norte del continente americano. No obstante, los casos de penalización de los delitos de aborto en Honduras o la legislación sobre el tema siguen siendo bastante desconocidos a nivel internacional, pese a que este tipo de casos sean bastante frecuentes y sobre todo sintomáticos de la situación de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras. El caso de Sara es muy similar a otros casos que se encuentran ante los tribunales.

El pasado 9 de mayo, por ejemplo, se celebró una audiencia de proposición de pruebas en Tegucigalpa para el proceso en contra de Mónica, una joven hondureña acusada del delito de aborto que actualmente enfrenta una posible sentencia de 3 a 6 años de prisión. Tuve conocimiento de este siendo un caso que recibe el acompañamiento jurídico del gabinete independiente, Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, apoyado por ASFC.

Este caso remonta a junio de 2016, cuando Mónica, de 21 años, víctima de fuertes dolores abdominales acudió al hospital con su madre. Mónica no sabía en aquel momento que estaba embarazada. Tuvo que esperar un día en el hospital antes de ser admitida en la sala de emergencia para ser operada de emergencia. Sin embargo, meses y semanas antes había visitado centros de salud pública varias veces debido a dolores estomacales agudos. Incluso había hecho pruebas físicas y exámenes para postular como policía.

En ningún momento, a pesar del dolor abdominal que acusaba, se realizaron pruebas de embarazo. Antes de ir al hospital, el dolor era tan intenso que Mónica comparte que llegó al punto de aferrarse a su estómago con fuerza, queriendo aliviar su dolor. Las marcas de sus manos en el vientre permanecerían durante varios días y se usarían en su contra más adelante en el juicio.

En la sala de emergencias, se entera de que está embarazada, pero su feto ya está muerto. Es operada después de varias horas de espera durante las cuales varias intervenciones son contempladas, sin que Mónica sea informada de estas decisiones o alternativas posibles. Muy rápidamente, el engranaje se pone en marcha. En el hospital, el personal informa a las autoridades[2], ya que sospechan que se trata de un aborto.

Comienza la investigación. Los primeros días fue procesada por parricidio, antes de que el Ministerio Público cambiara el delito por aborto. Será interrogada en su cama de hospital por los fiscales, de igual manera su madre que la esperaba en los pasillos. Fue detenida en el hospital y tan pronto como estuvo en condiciones de abandonar el hospital, apenas una semana después de la operación, fue trasladada a las instalaciones policiales. Allí, tuvo que pasar la noche en detención, unos días después de su intervención médica. Desde entonces, ha tenido que soportar muchas audiencias y procedimientos legales, el más reciente de los cuales fue el 9 de mayo. Por el momento, tiene que presentarse en la comisaría de policía todas las semanas y sigue esperando su juicio. Hoy en día una de sus principales expectativas es no tener una condena porque le gustaría volver a presentarse a los exámenes para ingresar a la policía.

Los casos de Sara y Mónica tienen muchas similitudes. Se trata de mujeres jóvenes (ambas menores de 21 años en el momento de los hechos), de origen social modesto, que no han tenido acceso a formación superior, servicios de salud de calidad o programas de educación en materia de derechos sexuales y reproductivos. Otra similitud son los estereotipos de género y la infantilización de estas dos jóvenes por parte de los sistemas judiciales y médicos. Durante las audiencias y la revisión de los expedientes, también se puede constatar la velocidad y la rapidez del sistema de justicia para hacer avanzar este tipo de casos, ya sea en términos de investigación, detención, interrogatorio y recopilación de pruebas. En un país donde la impunidad, por ejemplo, en casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, gira en torno al 97%, la acción de la justicia en el enjuiciamiento de las mujeres por casos de aborto es bastante paradójica. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un tema tabú en Honduras y los sectores religiosos y políticos que se oponen al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo muy influyentes en el país.   

[Leer la segunda parte]

 


[1]  Artículo 196 del Código Penal: El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto debe ser castigado: 1) Con tres (3) a seis (6) años de prisión si la mujer lo hubiere consentido o produzca su aborto;

[2] Procedimiento que se sigue sistemáticamente en los hospitales.

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